
Hoy 28 de noviembre de 2011 y a invitación del pueblo de Ayoxustla, las organizaciones campesinas e indÃgenas abajo firmantes y el Movimiento Regeneración Nacional (Morena) nos reunimos en esta heroica población de la Mixteca Baja Poblana para conmemorar el centenario de la promulgación del Plan de Ayala y honrar la memoria de Emiliano Zapata y las fuerzas campesinas e indÃgenas del Ejército Liberador del Sur que firmaron y dieron a conocer aquà a la nación su histórico programa revolucionario.
El Plan de Ayala se promulgó una vez derrotada la dictadura porfirista ya unos dÃas de haber asumido la presidencia Francisco I. Madero, quien ya en el poder se negó a cumplir el compromiso de entregar las tierras a los campesinos y a los pueblos que habÃan sido despojados de ellas por los hacendados.
La reforma agraria y la inclusión de los campesinos como sujetos en el nuevo régimen polÃtico social favorecieron la estabilidad polÃtica y el desarrollo económico y social del paÃs asà como un adecuado desempeño del sector agropecuario en la producción de alimentos y materias primas para la creciente industrialización y urbanización del paÃs. Como contraparte, se propició un sistema de control polÃtico del campesinado, ahogando su independencia, autonomÃa y creatividad, promoviendo formas clientelares y corporativas, paternalistas y autoritarias de relación entre el gobierno, los ejidos, las comunidades y las organizaciones campesinas desde lo local hasta lo nacional y utilizando los recursos e instituciones públicas en forma corrupta e ineficiente.
El pacto social con el campo surgido de la revolución mexicana y plasmado en la constitución de 1917 se fue desgastando progresivamente en los años sesenta y setenta hasta que a partir de 1982 se rompe definitivamente el modelo del Estado benefactor y se impone el modelo económico y agroalimentario neoliberal en nuestro paÃs, proclamando el fin del nacionalismo revolucionario y abriendo una etapa de franca contrarrevolución agraria y social.
2. La gran mayorÃa de la población rural ha sido orillada a sobrevivir en condiciones de pobreza y con altos niveles de hambre y desnutrición, principalmente en los niños y niñas, mujeres y personas de la tercera edad de las zonas indÃgenas y rurales. Los derechos individuales y colectivos son violados sistemáticamente; entre otros, el derecho a la alimentación, a la salud, a la educación, a la vivienda, al trabajo y a no migrar, y se ha cancelado toda oportunidad de futuro digno para los millones jóvenes del campo.
3. Los ejidos, comunidades y pequeños propietarios rurales y los pueblos indÃgenas sufren el acoso de polÃticas gubernamentales que buscan acabar con la propiedad social y despojarlos de sus tierras, aguas, bosques, minerales, playas, semillas, biodiversidad, conocimientos tradicionales, bellezas naturales y centros ceremoniales para ser acaparados de nueva cuenta por nuevos hacendados reconvertidos en agroempresarios “modernos”, por megaproyectos público-privados depredadores de la naturaleza y del tejido social comunitario; por compañÃas mineras nacionales y, sobre todo, extranjeras; por corporaciones trasnacionales que dizque generan energÃas limpias; por empresas forestales depredadoras; por la especulación inmobiliaria y turÃstica. Con programas como el PROCEDE y la aplicación del 27 reformado se han privatizado más de 3 millones hectáreas a decir por las propias autoridades agrarias.
4. Se ha debilitado el derecho a producir nuestros propios alimentos, entregando nuestra soberanÃa alimentaria a los intereses de los Estados Unidos y de unas cuantas corporaciones agroalimentarias mexicanas y extranjeras, violando el derecho a la alimentación de la mayorÃa de la población. Hoy nuestro paÃs sufre una enorme vulnerabilidad e inseguridad alimentaria y nutricional que enfrentan las personas, familias, comunidades y el paÃs en su conjunto. Hoy nuestro paÃs padece una enorme y creciente dependencia alimentaria, los precios de los alimentos se encarecen mes a mes al tiempo que disminuye la cantidad y calidad de la alimentación de la mayorÃa afectando tanto la capacidad adquisitiva de sus ingresos como su derecho a una alimentación sana, suficiente y culturalmente apropiada. Los únicos beneficiarios han sido las grandes corporaciones agroalimentarias mexicanas y extranjeras que aumentan sus ganancias y su importancia en los mercados y con una influencia y control crecientes sobre los poderes públicos en México y en los organismos internacionales y multilaterales.
5. El modelo neoliberal de producción agropecuaria y forestal, de uso y explotación de los recursos naturales de carácter privado-minero-extractivista, y no comunitario-agroecológico-sustentable, ha degradado y agotado los suelos, mantos freáticos y cuerpos de agua, bosques y selvas; contaminando el agua, el aire y la agrobiodiversidad como con los maÃces transgénicos, incrementando la emisión de gases de efecto invernadero y comprometiendo el futuro de las futuras generaciones de mexicanos y de la humanidad entera. Lo anterior, sólo para incrementar los ingresos, ganancias y poder polÃtico de una minorÃa de agricultores comerciales, corporaciones, grupos financieros y paÃses desarrollados.
6. Los poderes de la república están secuestrados por los intereses extranjeros y por un puñado de grandes corporaciones mexicanas y trasnacionales. Vivimos una democracia simulada en la que los que verdaderamente deciden son un pequeño grupo de grandes empresarios y grupos financieros mexicanos y extranjeros, con la ayuda del duopolio televisivo. La satisfacción de las necesidades básicas de la población simplemente se soslayan o se ignoran. La economÃa no crece y menos aún la economÃa rural, condenando a millones al desempleo, al subempleo, a la migración y al enrolamiento con los grupos delictivos. Los malos gobiernos del PRI y del PAN han entregado nuestra soberanÃa nacional, nuestros recursos estratégicos y la dignidad de nuestro paÃs. Por si esto fuera poco, el actual (des)gobierno de Felipe Calderón ha declarado y llevado a cabo una “guerra contra el narcotráfico” que no solamente ha fracasado sino que ha propiciado una situación de violencia e inseguridad sin precedentes en nuestro paÃs al tiempo que se violan sistemáticamente los derechos humanos y se pretende restringir las libertades democráticas, imponiendo un clima de miedo y terror entre la población y amenazando con el establecimiento de un verdadero régimen policiaco-militar.
Primero.- El campo, los campesinos y pueblos originarios serán considerados como prioridad del nuevo proyecto de nación y un asunto de la seguridad nacional y humana. Lucharemos por el reconocimiento y restitución de la dignidad, valor fundamental de los campesinos y campesinas, de los pueblos originarios y los jornaleros agrÃcolas, de los migrantes, mujeres y jóvenes rurales, para la construcción de un nuevo proyecto de nación y de un nuevo pacto social para el campo y como sujetos plenos de derecho, reconociendo nuestra autonomÃa y calidad de sujetos productivos. Lucharemos por eliminar el clientelismo y el corporativismo en la relación del Estado con la sociedad rural, promoviendo el desarrollo de la ciudadanÃa, la inclusión y el respeto pleno de los derechos humanos, y porqué se reconozca nuestra capacidad de auto organización, autogestión y autonomÃa como sujetos rurales. Se otorgaran garantÃas para trabajar en el campo asà como respeto y reconocimiento al trabajo de los campesinos.
Segundo.- Pugnaremos por el fortalecimiento de la propiedad social de la tierra y los recursos territoriales de ejidos comunidades, pequeños propietarios y pueblos originarios, revertiendo la contrarreforma agraria salinista y reconociendo los derechos, autonomÃa y capacidad de manejo sustentable de los recursos naturales por las comunidades campesinas e indÃgenas del paÃs. TodavÃa es posible que muchos campesinos que no tienen tierra puedan acceder a ella, ya que existen muchos terrenos en los que hay simulación en la clasificación como los ganaderos y otros. Se establecerá una moratoria a los megaproyectos en zonas campesinas e indÃgenas hasta en tanto no sean concertados con ellas en el marco del interés público y del interés y los derechos de las propias comunidades asà como se revisarán todas las concesiones mineras otorgadas en la última década a efecto de garantizar el cumplimiento de las leyes, la opinión de las comunidades, la afectación al medio ambiente y a los ingresos públicos.
Tercero.- La soberanÃa alimentaria, el derecho a producir nuestros propios alimentos, el derecho al trabajo, el derecho a no migrar y el derecho humano a una alimentación sana, suficiente y culturalmente apropiada constituirán la nueva base de las polÃticas agroalimentarias y de desarrollo rural del paÃs. Se establecerá un sistema de precios remunerativos para los productos de los campesinos e indÃgenas y acceso al crédito e insumos. Se renegociará el TLCAN a efecto de rescatar la soberanÃa nacional en nuestro sistema agroalimentario y garantizar la seguridad alimentaria del paÃs y la plena realización del derecho a la alimentación para toda la población rural y urbana. Se promoverá la autosuficiencia alimentaria sustentable, prioritariamente a través de la agricultura en pequeña y mediana escala, reconocimiento la enorme y rica diversidad de sistemas agrÃcolas, e impulsando una polÃtica de acceso universal al crédito, seguro, asistencia técnica y servicios financieros rurales apropiados, de proximidad y de propiedad y gestión social. Se establecerá un sistema de precios mÃnimos garantizados, reservas públicas de alimentos y se prohibirá la siembra de maÃz transgénico en nuestro paÃs, porque sin maÃz no hay paÃs.
Cuarto.- Se promoverá como polÃtica de Estado la agroecologÃa, el manejo comunitario sustentable del agua y los demás recursos naturales asà como la protección de la biodiversidad.
Quinto.- Se reconocerá el carácter multifuncional de la agricultura y de la gestión de los territorios rurales, promoviendo el desarrollo integral a partir del control, autoorganización y manejo de las comunidades campesinas, indÃgenas y de pequeños propietarios. Se garantizará el acceso a recursos productivos para las comunidades rurales y, en especial para mujeres y jóvenes rurales, para asegurar la equidad, el empleo productivo y la plena realización de los derechos humanos en el medio rural
Sexto.- Se establecerá un gobierno progresista, nacionalista, social, garante de los derechos humanos y con fortaleza económica –es decir, un gobierno de izquierda- para impulsar otro sistema polÃtico, económico, agroalimentario, social y ambiental que responda a las necesidades del pueblo y de la nación y sea capaz de regular los mercados y desmantelar los monopolios y las prácticas anticompetitivas.
Séptimo.- Nos comprometemos a ser portadores y portadoras de un nuevo modelo de relaciones humanas y de civilización basado en el respeto y el amor a todas las personas, el cuidado de la naturaleza, la primacÃa del interés general sobre el provecho individual, la sobriedad y el apoyo para que todas las comunidades y las personas se consoliden, florezcan y realicen al máximo sus potencialidades en la libertad y en la paz.
Atentamente
¡Salvemos al campo para salvar a México!
Organizaciones firmantes:
Consejo Nacional de Organizaciones Campesinas (CONOC)
Asociación Mexicana de Uniones de Crédito del Sector Social (AMUCSS)
Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo (ANEC)
Coordinadora Nacional de Organizaciones Cafetaleras (CNOC)
Frente Democrático Campesino de Chihuahua (FDC)
Movimiento Agrario IndÃgena Zapatista (MAIZ)
Red Mexicana de Organizaciones Campesinas Forestales (Red Mocaf)
Central de Organizaciones Campesinas y Populares (COCYP)
Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas (UNORCA)
Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA Nacional)
Central Campesina Cardenista (CCC)
Alianza Nacional de Productores Agropecuarios y Pesqueros (ANPAP–El Barzón)
Alianza Mexicana por la Autodeterminación de los Pueblos (AMAP)
Cooperativa Tosepan Titataniske (CTT)
Unión Campesina Totikes (UCT)
Comunidades Campesinas y Urbanas Solidarias Con Alternativas (Comcausa)
Comité de Defensa de los Derechos del Pueblo (CODEP)
Frente de Pueblos IndÃgenas en Defensa de la Madre Tierra (FREPI)
Coordinadora Nacional Plan de Ayala-Mexiquense (CNPA-Mexiquense)
Grupo CAMPO-Morelos
Unión de Pueblos de Morelos (UPM- CNPA)
Unión por un Cambio Sonora (UPC-CNPA)
Organización Campesina Emiliano Zapata-CNPA-MLN (OCEZ-CNPA-MLN)
Organización Proletaria Emiliano Zapata (OPEZ)
Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio (RMALC)
Movimiento Regeneración Nacional (Morena)
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